Quince mil personas de entre 18 y 65 años, desocupadas y que no perciben ningún subsidio o prestación por parte del Estado, comenzaron a trabajar en todo el país, en el marco del programa Oportunidad Laboral, aprobado por unanimidad en el Parlamento, y ejecutado por las intendencias departamentales, para paliar la grave crisis social y económica provocada por la pandemia de COVID-19. Los beneficiarios, elegidos por sorteo entre más de 250.000 postulantes, percibirán 12.500 pesos, por seis meses.

“Es una respuesta de apoyo, de sostén, para muchos ciudadanos que están teniendo notorias dificultades de empleo”, argumentó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en ocasión de realizarse el primer sorteo de beneficiarios de varios departamentos, tras lo cual destacó la importancia del hecho de que la iniciativa “contó con el respaldo de todo el sistema político, y está distribuida en todo el territorio nacional”.

El planteo original para implementar estos jornales había sido hecho formalmente por un grupo de intendentes en una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.

La idea motora es “que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y al mismo tiempo le devuelva en algo a la comunidad con unas horas de trabajo”, indicó en esa oportunidad el mandatario.

El programa Oportunidad Laboral se creó con la intención de asistir a personas sin ingresos en medio de la crisis que afecta a Uruguay derivada de la pandemia de COVID-19. Da trabajo a unos 15.000 trabajadores y trabajadoras de 18 a 65 años de edad “que no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal”.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, y que instrumentan las intendencias departamentales, es regulada por la ley n.^o 19.952, aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores el 12 de mayo, la cual fija “el régimen de contratación de los beneficiarios para su inserción o reinserción en el mercado laboral de forma transitoria, mediante la realización de tareas que aporten valor público […] con derecho a obtener una contraprestación transitoria”, según establece su articulado.

Para el intendente de Florida, Guillermo López, uno de los que planteó la propuesta al gobierno nacional, la prioridad en esta etapa de la emergencia es atender la situación social y económica por la falta de oportunidades de empleo, sobre todo para los sectores más vulnerables.

Por eso, se retomó la idea de que las comunas hicieran “un esfuerzo para atender servicios de la población que no tenían previstos, y que se desprende del Fondo Coronavirus”, creado en abril del 2020, añadió en entrevista en el programa En Perspectiva.

“El objetivo es que aquel uruguayo que quedó por fuera del mercado laboral tenga la posibilidad, a través de un programa de emergencia, de subirse al mercado laboral y generar un ingreso básico” realizando tareas “que no requieren experiencia previa, que se pueden desarrollar sin mayor capacitación, como la mejora de espacios públicos, mantenimiento, situaciones de bacheo”, explicó.

Experiencias similares se habían realizado en varios departamentos en anteriores ocasiones, con buenos resultados.

El ministro indicó que el Ministerio de Trabajo (MTSS) cuenta con una importante experiencia en la dinámica de sorteos, porque los realiza de manera frecuente y, para ello, dispone de un sistema informático que permite garantizar que la selección sea aleatoria, a través de bases de datos. Ofreció al Congreso de Intendentes el apoyo de su cartera para la realización del sorteo, en caso de que lo necesitaran.

“Los listados serán enviados a cada gobierno departamental, con la certificación notarial correspondiente”, culminó.

La actividad en la sede del MTSS contó con la presencia del ministro Pablo Mieres, el director nacional de Empleo, Daniel Pérez, el director nacional de coordinación en el interior, Andrés Prati, y la directora general de Secretaría, Valentina Arlegui.

Solo una parte de los desocupados

Mieres indicó que la cifra de inscritos no necesariamente es ilustrativa de la cantidad de desocupados que hay actualmente. Explicó que las personas que figuran como desocupadas en las encuestas de hogares oscilan entre 160.000 y 200.000, a las que se deben de agregar los trabajadores informales.

Enfatizó que, para esta opción de Jornales Solidarios, los trabajadores informales son elegibles porque no figuran en los registros del Banco de Previsión Social, y esa cifra llega a unas 300.000 personas más. “El universo que podría potencialmente haberse inscripto era de casi 500.000 personas, y se inscribieron a este sorteo 227.000, lo que está dentro de lo esperado”, sostuvo.

Los últimos datos en poder del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relativos a mayo, indicaron un incremento de las solicitudes de acceso al beneficio de seguro de paro, que pasaron de casi 76.000 en abril a 80.000 en mayo. Las autoridades adjudicaron el aumento al impacto de las medidas de restricción de la movilidad por el incremento de casos de COVID-19, adoptadas a mediados de marzo.

De ese total, 52.342 corresponden al seguro de paro total, y algo más de 28.000 al régimen de seguro de paro parcial.

Retribución con prestación

Los beneficiarios del programa Oportunidad Laboral, que se extiende por única vez entre junio y noviembre, cobran una prestación transitoria dentro de los primeros 10 días siguientes de ejecutado su trabajo en cada mes, por un monto máximo mensual de 12.500 pesos nominales, monto que se abona por 12 jornales efectivamente trabajados en la quincena.

También la ley aclara que ese pago no es de naturaleza salarial ni retributiva, y es personal, intransferible e inembargable, así como tampoco puede “constituir garantía de obligaciones ni ser afectado por retenciones, exceptuándose las relativas a pensiones alimenticias”. La norma, empero, no establece qué tareas o funciones deben realizar los beneficiados, sino que solo se señala que “aporten valor público”, y deja en manos de los gobiernos departamentales determinar la actividad, controlarla y desarrollarla.

El ingreso de los beneficiarios suplentes, de acuerdo a lo surgido de los sorteos, se realizará únicamente al comienzo de cada quincena, independientemente de la causa de cese del titular, mientras que el pago de la prestación es responsabilidad de los gobiernos departamentales mediante transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el encargado, además, de retener el dinero correspondiente a los aportes a realizar al Banco de Previsión Social.

De acuerdo a lo previsto en la ley n.^o 19.952, los beneficiarios contarán con la protección de la póliza correspondiente del Banco de Seguros del Estado, suscribiéndose los convenios pertinentes y habilitando a esa institución estatal a comunicarse con los beneficiarios a los efectos de la difusión de aspectos vinculados con la seguridad laboral.

En ocasión del debate parlamentario, el senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, defendió el plan, señalando: “Nosotros no creemos en las rentas básicas [como propone el Frente Amplio], sino en que la persona es mucho más digna si le devuelve a la sociedad parte de lo que la sociedad le da en situaciones difíciles, y eso está reflejado en la ley, que tiene un aspecto sustantivamente importante como es la descentralización”.

En cambio, para su par Óscar Andrade, del Frente Amplio, este programa “no tiene el componente de formación del trabajador; por lo cual, cuando se termine, en noviembre, es como Cenicienta cuando sale a las doce de la noche y la carroza se transforma”.

“A veces vemos una euforia, como que con esto vamos a resolver, pero estamos lejos de hacerlo. ¿Es nada? No. Para el que no tiene nada, 12.000 es un montón, y seguramente haya cola de uruguayos anotados. Porque cuando se hace el discurso de que el pobre es porque quiere y el pobre no trabaja, es falso”, dijo en nota recogida por el periódico La Diaria. Andrade aseguró que por esa razón la bancada de la oposición apoyó la ley de Oportunidad Laboral.

Unos 227.000 aspirantes para 15.000 trabajos

Los sorteos para los jornales solidarios comenzaron el 26 de mayo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la participación de los gobiernos de Colonia, Flores, Lavalleja, Salto y Soriano, y luego les sucedieron aquellos para los otros distritos hasta el 28, todos en sedes municipales.

Según lo informado por el propio Mieres, se inscribieron 250.605 personas, pero una vez depurado el listado por el Banco de Previsión Social quedaron habilitados 227.000 postulantes, lo cual equivalen a más de 15 por cada puesto laboral previsto por las 19 intendencias del país. En ese marco, se indicó que alrededor del 60 % de las inscripciones correspondieron a mujeres.

La aparición de la pandemia de COVID-19 a comienzos del 2020, la implementación de la emergencia sanitaria y las restricciones a la movilidad dañaron la actividad económica y laboral. El último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística el 4 de junio indica que el desempleo afectó en abril a 9,7 % de la población económicamente activa, mientras que la tasa de empleo bajó a 55 %.

Por ser el departamento con mayor población del país, al totalizar 1,4 millones de habitantes, la Comisión Sectorial y el Congreso de Intendentes destinaron a Montevideo unos 4.000 puestos de trabajo temporario, 480 de los cuales fueron ocupados por decisión del gobierno capitalino por afrodescendientes, otros 320 por personas con discapacidad y 80 por personas trans, todos cupos que equivalen a porcentajes mayores de los que establecen las leyes nacionales en vigor.

En el sorteo realizado el 26 de mayo en el Salón Azul del edificio central de la avenida 18 de Julio participaron 72.000 aspirantes.

La intendenta Carolina Cosse anunció en esa oportunidad el otorgamiento gratuito de dos boletos del transporte colectivo de pasajeros por jornal a cada beneficiaria y beneficiario del programa, para facilitar su traslado.

Por su parte, Canelones, con 520.000 habitantes, le siguió en la cantidad de cupos laborales designados, con 2.261, que se sortearon el 27 de mayo en el Complejo Cultural Politeama entre los cerca de 40.000 inscritos en total del departamento. Contemplando las cuotas especiales que la intendencia decidió destinar para cada localidad, correspondió el 1 % para personas trans, 4 % para personas con discapacidad y 8 % para afrodescendientes.

El gobierno canario señaló que la distribución de los cupos se dio de manera proporcional en los 30 municipios del distrito y que, si bien no era obligatoria la inclusión de cuotas, se decidió hacerlo porque “era como se tenía que hacer”. El Congreso de Intendentes no alcanzó acuerdo sobre el porcentaje de cupos para personas trans, afrodescendientes y con discapacidad, por lo que la decisión en ese aspecto quedó en manos de las autoridades de cada departamento.

Para el resto de los 17 departamentos se acordó que la distribución de puestos laborales no bajara en ningún caso de 300 ofertas. De ese modo, quedó estipulado que a Maldonado le correspondían 818 lugares, a Paysandú 729, a San José 630, a Salto 600, a Colonia 591, a Cerro Largo 566, a Rivera 533, a Tacuarembó 521, a Artigas 473, a Durazno 438, a Treinta y Tres 437, a Rocha 432, a Lavalleja 427, a Soriano 425, a Río Negro 416, a Florida 405 y a Flores 300.

En las páginas web de las intendencias se dispuso un espacio para consultas y cada intendencia ofreció un espacio para la atención telefónica.

“Ponemos en marcha este plan solidario para que 15.000 uruguayos sin empleo puedan tener un salario temporal en estos momentos complicados. Un acuerdo sin precedentes entre el gobierno nacional y el Congreso de Intendentes, trabajando juntos para dar respuestas”, arengó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a través de la red social Twitter tras lanzarse el programa.